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Propuestas para paìses del sur de la Unión Monetaria

Pubblicato il 07 Settembre 2010 da admin

Aunque la actual crisis económica se desencadenó en los mercados financieros de Estados Unidos en 2007, tiene un componente global que va más allá de sus aspectos financieros. Por otro lado, nos parece que algunos países pertenecientes a la zona euro –Grecia, Portugal, España, Italia, y en alguna medida también Francia- aunque con sus características específicas, tienen problemas similares que la crisis ha contribuido a poner de manifiesto, y que requieren también una solución global. La carta firmada por más de 200 economistas italianos y recientemente publicada ha señalado muy acertadamente cuál es el origen de estos problemas y ha propuesto algunas soluciones. Nuestro propósito es sumarnos a este debate ofreciendo nuestro punto de vista sobre una propuesta de política económica alternativa a la actual.

1. Definición del problema de la política económica de los países del Sur

España, y otros países del Sur de Europa pertenecientes a la Unión Monetaria, venían registrando en los años previos a la crisis económica actual elevados déficits en su cuenta corriente, lo que significó la acumulación de un volumen importante de deuda –principalmente privada- frente a Alemania y otros países con superávit. Esta deuda creciente era el medio para resolver la insuficiencia crónica de demanda del sistema. El estallido de las burbujas inmobiliaria y financiera no hizo más que sacar a la superficie este importante stock de deuda acumulado durante los años anteriores, y a la caída inicial de demanda le ha seguido un estancamiento mayor de la demanda de consumo provocado por el proceso de desapalancamiento, el colapso del crédito bancario, el desempleo acumulativo y el empeoramiento de las expectativas.

¿Qué debe hacer una economía que se encuentra en esta situación y quiera lograr un crecimiento económico suficiente para reducir el desempleo masivo que se está creando?

Para empezar, debe tener claras cuáles son las restricciones a las que se enfrenta su política económica para impulsar el crecimiento. En condiciones normales una de estas limitaciones sería no superar el crecimiento “potencial” o no inflacionista, y para elevar éste habría que aplicar políticas de oferta que actúan en el medio plazo. Sin embargo, esta restricción no opera en estos momentos: el crecimiento real es muy inferior al potencial y el riesgo es más bien la deflación que la inflación. Por tanto, no tiene sentido poner el énfasis en las políticas de oferta, sino en las de demanda.

Para aplicar estas políticas de demanda contamos en principio con dos instrumentos, que son el tipo de interés nominal y el saldo fiscal, que a su vez se enfrentan a algunas restricciones.

El tipo de interés nominal lo establece el BCE para todos los países de la zona euro y, además, tiene un límite inferior. Aunque con más retraso que otros bancos centrales, el tipo de interés se ha reducido ya y se encuentra cerca de este límite inferior: podríamos decir que la política monetaria basada en reducciones del tipo de interés se encuentra atrapada en la trampa de la liquidez.

Nos queda, por tanto, el único recurso de la política fiscal, que sin embargo se enfrenta también a una restricción: garantizar la estabilidad de la relación deuda-PIB. La caída en el crecimiento económico ha puesto en marcha con intensidad los estabilizadores automáticos, y además, los gobiernos han debido aplicar –digámoslo: acertadamente- políticas de aumento del gasto para compensar la reducción de la demanda privada. La consecuencia lógica es un aumento del déficit y de la relación deuda/PIB. Lo que ocurre, sin embargo, es que, como consecuencia de la grave escasez de demanda privada, y una vez que el tipo de interés nominal está ya en su límite inferior, el déficit fiscal necesario para acercar la economía a su crecimiento potencial y reducir la tasa de paro es muy superior al que mantendría constante la deuda pública como porcentaje del PIB.

Hemos definido la primera parte de nuestro problema de política económica: ¿Deben las autoridades limitar el déficit a aquel nivel que garantiza la estabilidad de la deuda, aunque el paro esté creciendo? ¿O, por el contrario, deben establecer el déficit necesario para lograr reducir el desempleo sin preocuparse por la evolución de la relación deuda/PIB? ¿Existe otra alternativa?

Pero el problema de política económica tiene un segundo elemento. En la zona euro –y también a escala mundial- la crisis es el reflejo de una situación estructural de desequilibrio entre los países con superávit y con déficit por cuenta corriente. Si esta situación no se corrige, cuando la recuperación llegara se reproducirían los mismos problemas que nos condujeron a esta crisis. Por tanto, además de enfrentarse al dilema anterior, la política económica debería lograr una depreciación real de los países del Sur respecto a Alemania y los demás países con superávit.

2. El problema de la deuda pública y su solución: la monetización

La solución escogida por los gobiernos europeos para el dilema de la política fiscal es la de la austeridad por encima de todo: la prioridad es reducir los déficit públicos. Para los economistas defensores de la opinión oficial (la “Austeria”), lo esencial para lograr la recuperación económica es el restablecimiento de la confianza. ¿Confianza en qué? En la austeridad, por supuesto. Se puede también tener confianza en que teniendo confianza todo se resolverá. Para ellos, ni los déficits fiscales son expansivos ni los superávits contractivos. Por tanto, el dilema que nosotros encarábamos deja de existir. Su mensaje es sencillo: restablezcamos la disciplina fiscal. Cuidemos de que la deuda no crezca y todo lo demás, es decir, el auge y la prosperidad se nos darán por añadidura. Inútil será argumentar que los déficits no hay que atribuirlos a la irresponsabilidad, que son la consecuencia de la actuación de los estabilizadores automáticos. Que compensan la reducción de la deuda privada. O que los efectos restrictivos sobre el crecimiento de los recortes de gasto harán muy difícil reducir el déficit, y aún más el porcentaje de deuda sobre el PIB. El  mantra se repite: La austeridad nos salvará.

Este tipo de políticas pueden conducir a las economías europeas hacia un círculo vicioso de desempleo y deflación. Ahora bien, oponerse a las políticas restrictivas no debería suponer eludir la cuestión de los aumentos de la deuda pública que se están produciendo y su posible insostenibilidad.

¿Son preocupantes los aumentos actuales de deuda? Algunos argumentos podrían servirnos para contestar, inicialmente, que no:
- aunque ahora crezca la deuda, cuando la tasa de crecimiento se restablezca y la demanda privada recobre su dinamismo anterior, los déficit fiscales dejarán de ser necesarios y el peso de la deuda volverá a reducirse;
- En cualquier caso, para un valor dado del déficit y la tasa de crecimiento existirá una ratio deuda/PIB que tenderá a mantenerse estable: el crecimiento de esta ratio no es explosivo.

Sin embargo, el primero de estos argumentos supone implícitamente que la perturbación que está afectando a nuestras economías será transitoria y de corta duración. Pero no es seguro que esto sea así, ya que el proceso de desapalancamiento –eliminación de las deudas que los agentes privados habían acumulado en el periodo de auge- puede ser bastante duradero, entre cinco y ocho años. Durante todo este tiempo la deuda privada debería ser sustituida por deuda pública para rellenar el vacío de la demanda. En cuanto al segundo argumento, puede enfrentarse también a algunas dificultades: la relación deuda/PIB podría acabar estabilizándose, pero en valores demasiado elevados; o incluso no se estabilizaría si, a medida que la relación deuda/PIB crece, lo hace también el tipo de interés que piden los compradores de la deuda.

Por tanto, si hemos descartado la solución de la restricción fiscal, pero no es seguro que se pueda eludir la limitación que impone el crecimiento de la deuda/PIB, la única solución posible para evitar el colapso de nuestras economías y aumentos aún mayores del desempleo es el recurso al BCE: éste debería financiar (monetizar) los déficit fiscales necesarios que se sitúen por encima del nivel compatible con la estabilidad de la deuda.

3. La monetización y la inflación

¿Por qué debería negarse el BCE a actuar de esta forma? Probablemente, el argumento más fuerte es que, según su visión monetarista del funcionamiento de la economía, esto acabaría generando una inflación demasiado alta. Sin embargo, la inflación no se produce sólo por el incremento de la cantidad de dinero: esto genera inflación cuando la economía se encuentra por encima de su crecimiento potencial y la situación actual es exactamente la contraria. El riesgo actual es la deflación, no la inflación.

Pero es que, además, en una situación contractiva como la actual la inflación generada por déficit fiscales monetizados tendría algunos efectos beneficiosos:
- con un tipo de interés nominal dado, una tasa de inflación mayor supone un tipo de interés real menor y es necesario un déficit fiscal menor;
- al ser el tipo de interés real menor, la relación deuda/PIB tiende a crecer más lentamente y podría mantenerse constante con un déficit fiscal mayor. Combinando estos dos efectos llegamos a una conclusión interesante: manteniendo una tasa de inflación suficientemente elevada, el déficit que garantiza que la relación deuda/PIB no crece puede permitir al mismo tiempo que la economía alcance su renta potencial, por lo que, al final, acaba siendo innecesario monetizarlo;
- la inflación reduce el valor real de la deuda privada. Facilita y acelera el proceso de desendeudamiento y, por ello, anticipa la recuperación;
- la inflación erosiona el valor real de la deuda privada y el de la deuda pública, por lo que equivale a un impuesto sobre los acreedores o a una transferencia de acreedores a deudores, deseable en una  situación recesiva. Cada uno de los acreedores debe perder parte de su riqueza hasta que el aumento del gasto –tanto suyo como de los deudores – inducido por la inflación lleve a la completa utilización de los factores productivos. En principio, esto parece un juego de suma cero. Pero a este juego se superpone otro de suma positiva derivado del aumento de la utilización de los factores productivos y de la renta, de tal forma que el resultado conjunto de ambos juegos puede ser beneficioso incluso para los acreedores.

4. La necesaria depreciación real

El problema de política económica que hemos definido tiene un segundo componente. Debe corregirse la elevación de los costes unitarios de producción de los países del sur frente a los del norte, que se ha producido en la década pasada y que explica en gran medida los déficits exteriores frente a Alemania. Esto requiere que en los próximos años se produzca el proceso inverso: una tasa de inflación superior de Alemania a la de nuestros países del sur. No basta con que Alemania estimule su demanda agregada: ¿qué razón habría para que, si la recuperación llega y el tipo de cambio real no ha variado, el déficit comercial de los países del sur se reduzca de forma significativa, o sea inferior al existente antes de la crisis?

La aceptación del proceso de reequilibrio entre los países del sur y Alemania es difícil pues exige que Alemania acepte una pérdida del dinamismo de su sector exportador y una reestructuración de su economía, que se enfrente a su insuficiencia de demanda interna.

Sin embargo, para los países del sur, la seguridad de que se va a producir el proceso de apreciación real de la economía alemana es indeclinable, porque sin apreciación sólo pueden eliminarse los déficits exteriores de sus economías con una contracción fuerte y duradera que ni podría sostenerse ni debe aceptarse. Si los déficits exteriores persisten y eludimos la recesión, la deuda exterior, privada o pública, seguirá creciendo y, si los agentes privados se resisten al endeudamiento, es inevitable que sea la deuda pública la que crezca. Aun monetizándola es dudoso que este crecimiento imparable de la deuda sea una situación sostenible.

5. Resumiendo: nuestra propuesta

Para evitar que se mantengan los desequilibrios estructurales entre países con superávit y países con déficit dentro de la zona euro que se encuentran en la raíz de los problemas actuales, es necesario que se produzca una apreciación real de Alemania. Sin esta apreciación la pertenencia a la Unión Monetaria Europea se convierte en un juego de suma cero en el que los perdedores son los países del sur. Inviable e inaceptable. Como su logro será un proceso lento, para soportar los problemas de la situación transitoria se hace imprescindible que Alemania estimule su demanda y que en los países del Sur se mantengan déficit fiscales. Y se hace imprescindible también la monetización, pero no como un zarpazo para ahuyentar a los especuladores carroñeros. El león cobarde que es el Banco Central Europeo debe zamparse entera la pieza. Sin metáforas, monetizar masivamente para que el déficit que un crecimiento razonable exige no dispare la relación deuda/PIB.

Marcel Auerback sostiene que el Banco Central Europeo está realizando ya compras masivas de deuda pública de los países europeos con problemas en los mercados secundarios. Neutraliza así cualquier conato de rechazo de esta deuda por los inversores. Algo positivo que se ajusta a lo que nosotros entendemos y hemos propuesto aquí como una de las misiones del BCE. Pero lo que Auerback sugiere es que existe un pacto-amenaza –implícito o explícito– por parte del BCE de que sólo apoyará la deuda de un país si éste cumple la restricción fiscal que las autoridades o los poderes fácticos de la Unión Monetaria Europea le han impuesto. Resulta así que sin ninguna legitimidad democrática el BCE• detenta un poder para determinar la política fiscal de estos países. La independencia política real de los gobiernos queda seriamente menoscabada.

Al poder determinar la política fiscal, son las decisiones del Banco Central Europeo las que gobiernan el ritmo de expansión económica y la evolución del desempleo en nuestros países. La monetización, que debería servir para permitir la aplicación de políticas fiscales expansivas, con el único límite de la aparición de tensiones inflacionarias, está siendo convertida por los burócratas del BCE en un instrumento de poder que utiliza para ver realizadas en Europa sus fantasías de austeridad masoquista.

Así, la tesis de que, para aplacar a los mercados, es precisa la consolidación fiscal, acaba siendo cierta en cuanto cualquier país que se resista a su aplicación dejará de verse apoyado por las compras de títulos por parte del BCE.

Pero un país que quiera aplicar políticas fiscales expansivas debe saber evaluar su poder de negociación. Las amenazas del BCE son un tigre de papel. Digan lo que digan, amenacen o no, los burócratas del BCE tendrán que comprar la deuda del país que expansiona. Desprotegiéndolo también quedan al descubierto los bancos que poseen stocks cuantiosos de esa deuda. Y la voz de alarma de su amo les llamará a la sensatez.

Los movimientos sociales de izquierdas cuyo objetivo es luchar contra el desempleo deben tener claro cómo actuar. Deben pedir expansión fiscal. Deben exigir a sus gobiernos que este poder de negociación que tienen frente al BCE lo utilicen. Deben saber que sus enemigos no son los empresarios, ni siquiera los inversores. Lo son los burócratas del BCE, depositarios de la superstición de la austeridad y los gobiernos que no se atreven a plantear una posición de fuerza frente a un BCE cuyas actuaciones asfixian la expansión y el empleo.

*Universidad Complutense de Madrid.
**Universidad de Castilla La Mancha.
***Universidad Complutense de Madrid.

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Sostenere la domanda, controllare il debito

Pubblicato il 01 Settembre 2010 da admin

Ancora una volta l’economia finanziaria, che non produce vera ricchezza, sta avendo la meglio sull’economia reale. Il salvataggio dell’economia finanziaria, attuato in condizioni di emergenza dopo l’ultima crisi mondiale, è avvenuto immettendo sul mercato non regolamentato una massa enorme di nuovi titoli ‘tossici’ e di titoli del debito sovrano scarsamente affidabili. Si è cioè pensato di tamponare una crisi nata da eccessivo indebitamento non solo riducendo la spesa pubblica per fini sociali, ma anche scaricando sui bilanci della pubblica amministrazione e sulle generazioni future debiti privati inesigibili.

Gli stati si sono indebitati per salvare dalla crisi un sistema finanziario finalizzato alla speculazione e che oggi, dopo essere stato mantenuto in vita dai poteri pubblici con il denaro dei contribuenti, cerca di riprendere a fare soldi speculando al ribasso proprio sui titoli pubblici. La situazione sta tornando a essere quella di due anni fa, ma con la differenza che oggi sono direttamente coinvolti nella crisi anche gli stati (l’esperienza della Grecia insegna).

Il ribasso dei tassi di interesse, ormai ridotti da tempo a livelli minimi, non ha invertito la tendenza dei gestori di fondi a privilegiare l’impiego finanziario a breve termine rispetto all’investimento reale. L‘attuale sistema di money-managed capitalism continua a produrre liquidità in eccesso e un indebitamento privato il cui rimborso appare sempre più problematico. Si sono così riprodotte, come ha riconosciuto il ministro dell’Economia Giulio Tremonti,“le stesse condizioni di crisi potenziale che c’erano appena due anni fa”.

Queste condizioni ora rischiano di essere aggravate dalla politica finanziaria eccessivamente restrittiva e deflazionista adottata dall’Unione monetaria europea su pressione dei paesi più forti. La disoccupazione è ai suoi livelli massimi. La globalizzazione dei mercati induce le nostre imprese a spostare all’estero i propri impianti. Milioni di posti di lavoro sono oggi a repentaglio. I giovani non riescono più a trovare un lavoro. Nemmeno un’occupazione precaria e male remunerata. L’instabilità finanziaria, da situazione eccezionale quale era un tempo, è diventata uno stato endemico. Il rischio di un eccessivo indebitamento, privato e pubblico, che aprirebbe le porte a un’insolvenza generalizzata, è evidente e non può essere ulteriormente sottovalutato.

In questa situazione, i problemi strutturali della nostra economia oggi non vengono adeguatamente affrontati. Né si vede come potrebbero esserlo, in presenza degli ingenti tagli della spesa pubblica comportati da una manovra finanziaria congiunturale ispirata a una politica economica di austerità, che, così come è stata congegnata, è destinata a colpire i ceti popolari e le classi medie, senza incidere sui grandi patrimoni. Come se ciò non bastasse, si è proceduto a regolarizzare con lo scudo fiscale le posizioni degli evasori che avevano collocato all’estero i loro capitali in frode alla legge. E con la manovra finanziaria si sono imposti gravi sacrifici alle fasce sociali più deboli, a coloro che non hanno modo di difendersi dal fisco. Mentre si è rinunciato a incidere sulla capacità contributiva dei percettori dei redditi più elevati e dei possessori delle maggiori fortune.

Compiendo una precisa scelta politica, si è cioè imboccata una strada sbagliata, che avrà l’effetto di aggravare le sperequazioni sociali e di deprimere ulteriormente una domanda aggregata che già stentava a riprendersi, per l’evidente insufficienza della capacità di consumo della popolazione.

I rubinetti del credito bancario sono da tempo difficilmente accessibili alle piccole e medie imprese. La proposta di far condividere i costi della crisi alle banche e alle altre istituzioni finanziarie, che hanno beneficiato di ingenti finanziamenti e sostegni pubblici e non li hanno utilizzati per concedere credito alle attività produttive, ma per compiere operazioni puramente speculative, sembra sia caduta nel vuoto. Occorre imporre alle banche regole più severe e tassare pesantemente le rendite finanziarie e la finanza speculativa. E’ tempo di cominciare a pensare a una seria riforma dell’attuale ordinamento bancario e a una socializzazione dei proventi finanziari realizzati in conto capitale con impieghi di natura speculativa.

Il nostro ministro dell’Economia, dopo avere inutilmente tentato di rafforzare l’influenza del Tesoro sulle banche con i ‘Tremonti bonds’, sembra si sia finalmente ricordato di essere fautore di un’economia sociale di mercato; e memore forse dei suoi lontani trascorsi socialisti, ha richiamato con toni severi le banche a fare il loro mestiere e assolvere la funzione istituzionale di sostegno delle attività produttive. Ma la sua proposta di addossare una parte dei costi della crisi al sistema bancario, principale responsabile dell’inefficienza e dell’instabilità dei mercati finanziari, non ha avuto alcun seguito. La deregolamentazione della finanza non è stata sostanzialmente modificata. Non si sono scoraggiate con l’introduzione di una ‘Tobin tax’ le operazioni finanziarie di tipo speculativo, volte a far denaro a mezzo di denaro, e non sono stati istituiti più efficaci controlli amministrativi sui movimenti di capitale a breve.

Non si è inoltre ancora avviata l’auspicata riforma di un sistema monetario internazionale che sembra essere stato concepito su misura per consentire un facile finanziamento a spese di altri paesi del disavanzo nei conti con l’estero degli USA. Il ricorrente attacco speculativo contro l’euro – la moneta che usiamo in Italia, ma di cui non abbiamo il controllo – ne evidenzia drammaticamente le conseguenze. A contrastarne gli effetti non può certo bastare la discutibile decisione della BCE di acquistare sul mercato libero titoli di stato dei paesi membri, privi di sovranità monetaria, adottata per fornire liquidità addizionale ai mercati finanziari in difficoltà. Occorre ben altro, per attivare un efficace meccanismo di sostegno della domanda globale.

La stessa sopravvivenza futura dell’Unione monetaria europea, in assenza di una politica finanziaria comune, oggi appare in forse. E’ logico chiedersi, come fanno i tedeschi, perché mai i paesi che hanno rispettato le regole del gioco dovrebbero pagare per quelli che le hanno violate, incoraggiando l’espansione abnorme di forme di consumo sempre più maniacali.

Quella che è finora mancata, a livello internazionale, è una strategia comune di uscita dalla crisi sistemica che ha provocato la recessione dell’economia reale. Una strategia capace di incidere efficacemente sulle cause della crisi, che non sono solo congiunturali, ma in primo luogo strutturali. La crisi è diventata anzi per i governi di alcuni paesi un’occasione per ridurre la quota della spesa sociale sul prodotto interno lordo, per rimettere in discussione diritti faticosamente acquisiti dal mondo del lavoro e per accelerare la dismissione degli ultimi residui dello stato sociale.

Cosa dovremmo fare allora? La risposta è semplice. Si deve voltare pagina e cambiare decisamente l’attuale indirizzo della politica economica (come è stato chiaramente indicato nella ‘Lettera degli economisti’). Bisogna cioè attribuire una priorità agli investimenti in attività creatrici di vera ricchezza – in attività produttive, in ricerca e sviluppo – piuttosto che sostenere l’abnorme sviluppo di un’attività finanziaria che non produce ricchezza reale e che, anziché limitarsi a svolgere le sue importanti funzioni tecniche di intermediazione del risparmio e di chiusura del circuito accumulazione-produzione, cerca di fare soldi speculando. Ossia scommettendo sul futuro.

Occorre fare in modo che l’aumento della produzione trovi dal lato della domanda sufficienti occasioni di sbocco sul mercato. Questo è un obiettivo che può essere conseguito solo ridistribuendo la ricchezza sociale in modo più perequato. Un’imposta progressiva straordinaria sul patrimonio delle persone fisiche e di quelle giuridiche, da realizzare in tempi rapidi, con un congruo abbattimento alla base, potrebbe consentire di ridurre l’entità del debito pubblico e la crescente distanza che da tempo si riscontra nel nostro paese tra ricchi e poveri. A mio avviso, un programma economico della sinistra dovrebbe prevedere il ricorso a un’imposta di questo tipo e porsi fin d’ora alcuni problemi tecnici relativi alle sue modalità di accertamento e di riscossione.

Un altro provvedimento da prendere, se vi fosse la volontà politica di agire in tal senso, è la revisione dell’attuale regime delle imposte di successione e donazione, che oggi colpiscono in modo troppo tenue la trasmissione della ricchezza all’interno del nucleo familiare. Si tratta di misure che i politici possono forse ritenere impopolari, ma che rispondono all’interesse collettivo, sia sotto il profilo della solidarietà sociale che per tendere a realizzare condizioni di effettiva parità nei punti di partenza nella lotta per la vita a tutti i cittadini.

La via da percorrere per stimolare una ripresa della domanda interna in un paese come il nostro, che ha rinunciato alla propria sovranità monetaria, non può essere quella della creazione di nuova base monetaria, né quella di allentare i cordoni del debito pubblico, per accrescere momentaneamente il reddito disponibile della popolazione. Un preconcetto isterismo del deficit non è certo giustificato, ma nel lungo periodo il debito pubblico va mantenuto sotto controllo, per la difficoltà di finanziarlo. Quando i tassi di interesse torneranno a livelli normali, il peso del servizio di un debito pubblico ulteriormente cresciuto potrebbe diventare insostenibile.

La possibilità di aumentare a discrezione il debito pubblico ci è del resto formalmente preclusa dal patto di stabilità e di crescita sottoscritto dai paesi membri dell’UME nel 1997, in seguito al quale le finanze pubbliche dei singoli paesi membri sono soggette a una procedura comune di monitoraggio centralizzato. La nostra sovranità in materia finanziaria è dunque limitata. Non abbiamo la possibilità di allentare troppo il controllo sulla spesa pubblica e non possiamo finanziare liberamente un disavanzo di bilancio. La banca centrale non potrebbe concedere credito allo stato (in realtà la BCE lo sta facendo, chiedendo in cambio politiche di austerità). Con il patto di stabilità e di crescita ci siamo inoltre impegnati ad attuare una progressiva riduzione del debito pubblico. Non possiamo dimenticarlo, anche se questa regola non è stata finora applicata in modo rigido. Ma quel patto non ci vieta di introdurre un’imposta straordinaria sul patrimonio.

Un’alternativa sarebbe ovviamente quella di uscire dall’UME. Con il risultato di riacquistare una piena sovranità monetaria e finanziaria, ma di andare anche incontro a inconvenienti e rischi. Per pensare di uscire dall’eurosistema dovremmo però avere un’economia nazionale strutturalmente più forte. Oggi solo la Germania potrebbe permettersi di compiere questo passo.

* Professore ordinario di economia politica nell’Università di Firenze.

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